NOTA DE TAPA:

COMUNICAR SUS DERECHOS

Ximena Tordini- Colectivo La Tribu

12 de febrero de 2007

Del 11 al 17 de noviembre de 2006 se celebró en Amán (Jordania) la IX conferencia internacional y asamblea general de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en defensa del derecho a la comunicación, históricamente restringido en nuestro continente a una función comercial.

 

En América Latina, el desarrollo de los medios de comunicación está marcado desde sus inicios por el espíritu comercial. Tanto la radiofonía, allá por 1920, como posteriormente la televisión en la década del '50, se orientaron hacia el modelo de organización mercantil característico de Estados Unidos y no por el modelo de servicio público europeo. El gran público latinoamericano fue visto desde el comienzo como una enorme masa de potenciales consumidores a conquistar y no como un conjunto de ciudadanos participantes de una moderna ágora pública.

Amman

Pero al mismo tiempo que la conformación de empresas de medios de comunicación aceleraba su curso hacia la actual concentración del sector, grupos y organizaciones de la sociedad civil comenzaron a crear sus propios medios de comunicación. El movimiento de las radios comunitarias y populares es el que más desarrollo ha alcanzado desde entonces, no sólo por su gran número, sino también por la continuidad de las experiencias y los niveles de participación de las comunidades que las gestionan.

El año próximo se cumplirán sesenta años de la creación de la primera radio comunitaria en América Latina. En 1947, la colombiana Radio Sutatenza, creada por la Iglesia católica con el propósito de alfabetizar a las comunidades campesinas, inició una tradición de medios de comunicación con objetivos sociales. Años después, las radios mineras bolivianas darían origen a otra vertiente fundacional: emisoras de radio insertas en las luchas populares. Impulsos y orientaciones políticas diversas dieron origen a un movimiento protagonizado por la sociedad civil

que se propone crear medios de comunicación para promover el ejercicio de los derechos humanos y luchar contra las desigualdades económicas, políticas, culturales y de género.

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) cuenta en América Latina con 390 asociadas directas, 33 redes y 1.260 asociadas indirectas en 18 países: "una red construida en base al accionar colectivo y la articulación de experiencias para construir una comunicación dialógica que favorezca el cambio social y la democratización de las comunicaciones", señala Ernesto Lamas, coordinador regional de la Asociación.

En efecto, los marcos jurídicos que regulan el desarrollo de los medios de comunicación en cada país del continente han sido históricamente más favorables a la iniciativa privada que al desarrollo de medios de comunicación no comerciales. Como afirman Guillermo Mastrini y Martín Becerra, "ha sido el mercado el que ha fijado de hecho las principales estrategias en el sector infocomunicacional, para que con posterioridad el

Estado ajustara el marco regulatorio a dicha situación" 1.

Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que las legislaciones nacionales deben referirse: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole (...)" 2. Sin embargo, aunque el derecho a la información comprende a todas las personas y no sólo a periodistas o propietarios de medios, el análisis de la relación entre sociedad civil, Estado y empresas de medios de comunicación en algunos países de la región da cuenta de un sinnúmero de circunstancias que niegan su efectivo ejercicio por parte de la sociedad civil.

MÉXICO

Radio Teocelo es una emisora cultural campesina del Estado de Veracuz, que se propone mejorar las condiciones de vida de las comunidades de esa región mexicana. La radio se sostiene con el aporte que realizan oyentes y organizaciones

sociales y el trabajo voluntario de sus hacedores. Durante 40 años fue la única radio gestionada por un grupo de la sociedad civil en contar con un permiso para transmitir.

La lucha por la obtención de permisos para utilizar las frecuencias de radio que se llevó adelante en México es un claro ejemplo de las políticas que algunos gobiernos han elegido aplicar en el campo de los medios de comunicación. El espectro radioeléctrico tiene una capacidad limitada y es patrimonio común de la humanidad. Por un lado, los Estados nacionales administran las frecuencias que se les otorgan en el marco de la Unión Internacional de Comunicaciones. Por otro lado, las personas, empresas u organizaciones no son dueñas de las frecuencias, sino licenciatarias por un tiempo y en condiciones determinadas.

En México, de acuerdo a datos recientes, el 88% de las emisoras de radio han sido adjudicadas a empresas comerciales 3. El mayor propietario de medios de comunicación es el Grupo Televisa, la cadena de televisión en español más grande del

mundo, que cuenta con tres canales de televisión abierta, 23 señales de cable, dos empresas proveedoras de televisión paga y seis emisoras de radio en el Distrito Federal, entre otras empresas 4. Este emporio no fue construido con independencia del poder político mexicano. Pero no es necesario remontarse a la época del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la que el Grupo Televisa hizo y recibió más de un favor: el 30 de marzo de este año el Parlamento sancionó reformas a la Ley de Radio y Televisión que fueron bautizadas como "Ley Televisa".

La movilización de radios comunitarias, organizaciones civiles y más de doscientos intelectuales y académicos no logró frenar la sanción de las reformas que permiten que los concesionarios de televisión puedan proveer internet y telefonía celular sin mayores requisitos. Se estima que estas reformas le facilitarán al multimedio ganancias por 50 millones de dólares anuales, además de significar una pérdida de unos mil millones de dólares al Estado mexicano por concederle el uso prácticamente gratuito del

espectro en la transición de la televisión analógicaa la digital 5.

La llegada de Vicente Fox al gobierno generó la expectativa de que la apertura democrática sería acompañada por una reforma de la Ley de Radio y Televisión. A partir de 2000, surgieron gran cantidad de emisoras de radio promovidas por distintos grupos de la sociedad civil, como Radio La Voladora y Radiobemba. Sin embargo, no sólo no se otorgaron los permisos para emitir, sino que el gobierno federal respondió con la persecución y el cierre de las emisoras con la intervención de las fuerzas policiales. Frente a esa política, las radios comunitarias se dotaron de una estrategia jurídica de defensa del derecho a la comunicación.

El Relator Especial de Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos visitó México en 2003 y estableció en su informe: "Dada la importancia que pueden tener estos canales de ejercicio de la libertad de expresión comunitaria, resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculizan la

adjudicación de frecuencias a radios comunitarias. (...) El Estado mexicano, en su función de administrador de las ondas del espectro radioeléctrico, debería promover las reglamentaciones que permitan asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos" 6.

Finalmente, entre 2004 y 2005 once radios comunitarias obtuvieron su permiso para funcionar, pero el otorgamiento de los permisos no terminó con las condiciones inequitativas. Las radios comunitarias mexicanas no pueden emitir publicidad ni recibir subsidios para financiarse porque así lo establece la misma ley que otorga condiciones más que favorables a los grupos económicos.

BRASIL

La situación en Brasil es aun más compleja, ya que las radios comunitarias sufren una fuerte persecución y represión por parte del poder público. El hecho de que cientos de radios fueron

cerradas en los últimos años genera contradicciones para las organizaciones sociales que las promueven, pues muchas de ellas forman parte del movimiento social que llevó a Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia y viven con frustración el hecho de que sea justamente ese gobierno el que continúe cercenándolas.

El cierre masivo de pequeñas radios tuvo su último episodio en las semanas previas a las elecciones. La policía, en el marco de la llamada "Operación Sintonía", cerró 26 emisoras en el Estado de San Pablo. Joaquim Carvalho, del departamento jurídico de la Asociación Brasileña de Radiodifusión Comunitaria (Abrazo), afirmó que este procedimiento "forma parte de una ofensiva de cierre de emisoras que apoyarían la reelección del presidente Lula, pergeñada por gerentes regionales de la Anatel que aún serían de la época del gobierno de Fernando Henrique Cardoso" 7. Los cierres de las emisoras no son "ordenados" por el presidente Lula sino por el órgano de control. Sin embargo, Gustavo Gómez, director del Programa de Legislaciones y Derecho

a la Comunicación de AMARC-América Latina y Caribe, sostiene: "El presidente Lula es responsable por omisión del cierre de las radios comunitarias. No es él quien da la orden, pero lo cierto es que durante su gobierno el cierre de radios aumentó significativamente".

Brasil cuenta con una ley aprobada en 1998 que regula la radiodifusión comunitaria. Sin embargo, AMARC realizó una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos argumentando que la ley es incompatible con la Convención. El texto, que lleva las firmas del argentino Damián Loreti, asesor jurídico de AMARC-ALC y de Ivan Morães Filho, del Movimiento Nacional de Derechos Humanos de Brasil, afirma: "Existen para las emisoras no comerciales discriminaciones explícitas respecto de la utilización de un solo canal para la totalidad del país, lo cual burla cualquier vocación pluralista en cada área de cobertura. (...) Como si ello no bastara en materia de discriminación, su potencia es sumamente acotada, así como su área de cobertura y no pasa de un kilómetro de alcance

a la redonda. (...) Este cuadro se agudiza al notarse que tampoco pueden generar recursos genuinos -de hecho recibirían sanciones por pasar publicidades-" 8.

Durante la reciente campaña electoral trascendió que existe un proyecto del Presidente para reformar el marco regulatorio que tendría como objetivo "la democratización de la comunicación en Brasil". Sin embargo, algunos sectores de la sociedad civil temen que se trate en realidad de una maniobra promovida por los radiodifusores privados que desean combatir la amenaza que representa el posible ingreso al campo de la radiodifusión de las empresas de telecomunicaciones 9.

Brasil también es un ejemplo de cómo un multimedio se desarrolló al amparo del poder político, en este caso también militar. El holding de la familia Marinho, encabezado por el diario O Globo, ingresó al mercado de las comunicaciones audiovisuales con la dictadura iniciada en 1964, a la que sirvió de apoyo. Actualmente, el Ministerio de Comunicaciones de ese país está a cargo de

Hélio Costa, ex empleado de la Red Globo y dueño de una radio en Minas Gerais.

VENEZUELA

"Junto con Colombia, Venezuela es el país latinoamericano que presenta un marco regulatorio equitativo para la radiodifusión comunitaria y que además lleva adelante la promoción directa de estos medios a través de subsidios y capacitación para las comunidades que deseen gestionar una radio comunitaria", señala Gustavo Gómez.

José Ángel Manrique, de la Red Venezolana de Medios Comunitarios, afirma que "desde el movimiento de radios y televisoras comunitarias valoramos esta política porque le ha permitido al ciudadano común tener acceso a los medios de comunicación, no como un simple receptor, sino también operarlos, garantizando el ejercicio pleno de derechos a la expresión, comunicación y a la información: diversa, alterna, plural, actual, de calidad y oportuna (...). Derechos que antes de 1999 estaban reservados sólo a la elite social,

donde se encuentran los medios de comunicación privados cuya motivación únicamente es preservar sus privilegios e intereses".

Estos medios comunitarios conviven con un sistema de medios privados que fueron cómplices del golpe de Estado de 2002, entre los que se encuentra el Grupo Cisneros, que junto con Televisa, Globo y Clarín, integra las cuatro empresas de medios más grandes de América Latina.

ARGENTINA

Las primeras radios comunitarias en Argentina nacieron después de 1983. Durante la segunda mitad de la década del '80 se produjo una gran proliferación de estos medios. Muchas de estas radios, como FM Alas, De la calle, Gente de radio, En Tránsito y La Tribu continúan al aire. Luego de 2001 surgió otra ola fundacional de emisoras protagonizada por nuevos actores sociales. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero cuenta ya con dos radios comunitarias campesinas. En la Patagonia, la comunidad

mapuche Linares puso al aire en 2005 una emisora de radio; también planean hacerlo la agrupación mapuche-tehuelche 11 de Octubre y la Comunidad Pichún. En el norte, la Corriente Clasista y Combativa del Pueblo en Jujuy está en plenos preparativos para comenzar a transmitir y Radio Gráfica en la Ciudad de Buenos Aires funciona en una empresa recuperada por sus trabajadores.

Las radios comunitarias se desarrollaron por fuera del marco legal, ya que la Ley de Radiodifusión 22.285 vigente, que organiza el mapa de medios argentino, es en verdad un decreto ley sancionado en 1980 por la dictadura de Jorge Rafael Videla, cuyo artículo 45 impedía a toda entidad sin fines de lucro acceder a una licencia. Las reformas realizadas luego en la presidencia de Carlos Menem permitieron a las empresas periodísticas ser titulares de licencias de radiodifusión y de esta manera abrieron la puerta al proceso de concentración de medios en grandes grupos.

Recién en agosto de 2005 se sancionó la reforma

del artículo 45 y se incluyó a las personas jurídicas no comerciales como posibles licenciatarias luego de 25 años de exclusión. Sin embargo, las cooperativas de servicios públicos siguen sin poder acceder a una licencia cuando en su zona haya otro licenciatario, hecho que está motivando el inicio de procesos judiciales por parte de este sector 10.

A partir de la reforma de dicho artículo el COMFER, un organismo intervenido porque de acuerdo a la ley debería estar integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, puso en marcha el Régimen de Normalización de Estaciones de Frecuencia Modulada actualmente en curso, que prevé otorgar licencias en las llamadas zonas no conflictivas en las que la demanda de frecuencias no supera la disponibilidad del espectro. Las zonas conflictivas, como las ciudades de Buenos Aires y Rosario, entre muchas otras, deberán esperar a que se defina la manera en la que se procederá con la normalización. Según datos provistos por el COMFER, hasta el momento se vendieron 1.500

pliegos a emisoras comunitarias y comerciales de baja potencia.

La mayor parte de las radios comunitarias han decidido presentarse a la normalización para resguardarse legalmente, a pesar de que desde distintos sectores se escuchan críticas al plan del COMFER. Un comunicado firmado por las radios De la Azotea, Ahijuna y De la Calle afirma que "la gestión actual tiene como una política de Estado la defensa de los derechos humanos, y sin embargo abre el proceso de normalización y concurso de frecuencias en el marco de la Ley 22.285, sancionada en pleno gobierno de Videla. Una normativa que si bien fue modificada en uno de sus artículos para permitir a entidades no comerciales el acceso a medios, en el resto de su composición sigue amparando y permitiendo el monopolio y la existencia de multimedios y limitando la heterogeneidad y multiplicidad de opiniones" 11.

Una nueva Ley de Radiodifusión es una de las deudas de la democracia argentina, algo que ninguno de los gobiernos ha encarado, en parte

por la presión de las corporaciones, en parte por la falta de una presión suficientemente fuerte de la sociedad civil en su conjunto que no termina de asumir como propio el reclamo por la democratización del escenario comunicacional. "Desde que los medios de comunicación social tienen una incidencia creciente en la vida de cada uno de nosotros, la ley de radiodifusión nos afecta a todos. Si, como algunos creemos, los medios deben servirnos de espejo (para vernos reflejados) y ventana (para ver el mundo y que los demás nos vean), quién, cómo y dónde se realizan las regulaciones para la radiodifusión es un problema del conjunto y no de los periodistas y empresarios", señala Damián Loreti, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Mientras la ley no se reforma, el gobierno del presidente Kirchner mantiene una posición que algunos califican de contradictoria y otros, simplemente, de hábil. El abogado Miguel Rodríguez Villafañe opina que "el gobierno del presidente Néstor Kirchner, particularmente, se

caracteriza por un claro doble discurso en materia de medios de comunicación. Por un lado parece pelearse con los medios comerciales, pero en realidad les regaló, con el Decreto de Necesidad y Urgencia 527/2005, diez años más de vigencia de licencias de radiodifusión. Asimismo, como nunca, hay una gran cantidad de dinero 12 que, de manera arbitraria y sin mayor control, se reparte entre medios comerciales amigos, a través de la distribución de la publicidad oficial".

El mencionado Decreto 527, firmado por el presidente Kirchner en mayo de 2005, prorrogó por 10 años las licencias de radiodifusión de los multimedios. Se suman así a los 15 años más 10 de prórroga previstos por la ley. Como consecuencia de dicho decreto, el Grupo Clarín será licenciatario de Canal 13 hasta el año 2025 y Daniel Hadad de Canal 9 hasta 2019. Es decir que por más que la reforma de la Ley de Radiodifusión se produzca, el mapa de los medios de comunicación está organizado para los próximos 20 años. Como lo afirmó en su momento la Dirección de la Carrera de Ciencias

de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires: "Luego de este decreto, el tratamiento de una posible ley de la democracia queda más lejos aun que antes. Los grupos concentrados ya tienen lo que necesitaban. El Poder Ejecutivo dio muestras claras de no estar dispuesto a discutirla: lo único que entiende necesario y de urgencia lo resuelve con su sola y única voluntad" 13.

Sin embargo, el reclamo por una ley democrática persiste. La Coalición por una radiodifusión democrática, conformada por radios comunitarias, sindicatos, universidades y organizaciones sociales de todo el país, continúa tratando de instalar el tema en la agenda pública 14. A principios de mayo de este año tuvo lugar una audiencia con Enrique Albistur, secretario de Medios de la Nación, que planteó el compromiso por parte de algunos sectores dentro del gobierno de promover la sanción de una nueva ley antes de la llegada del año electoral. En agosto, trascendió la existencia de un proyecto de ley redactado por el diputado kirchnerista Osvaldo Nemirovsci, presidente de la Comisión de

Comunicaciones de la Cámara de Diputados, que entre otros puntos establecería mayores restricciones a la concentración de medios en manos de una misma empresa.

En declaraciones a la prensa, el diputado afirmó:

"Me parece que un gobierno que avanzó con los acreedores externos, que modificó la Corte Suprema, que tiene una política de derechos humanos, que hizo crecer el PBI un 9% por año, ¿por qué no va a tener una ley democrática y moderna de radiodifusión?" 15. Una pregunta que se hacen muchos, mientras esperan que la reforma de la ley sea, por lo menos, puesta en la agenda pública, a un mes de que comience un año electoral, es decir un año en el que el ejecutivo tendrá pocas ganas de confrontar con los dueños de los medios de comunicación.

"Cada vez más, se destaca el lugar central de las industrias de la comunicación para organizar el mundo simbólico de la sociedad capitalista madura, enlazando estructuras económicas y formaciones culturales. Sus mensajes ayudan a conectar un sistema productivo basado en la

propiedad privada con un sistema político que presupone una ciudadanía cuya participación social completa depende del acceso al máximo posible de información y análisis de un debate abierto sobre temas cotidianos. (...) Ahora bien, ¿cómo puede un sistema con propensión casi excluyente a la generación de lucro garantizar la diversidad de la información para todos los ciudadanos?" 16.

Como en tantos otros espacios de la vida social, es posible que sólo quede una respuesta: está en manos de la sociedad civil construir, desde su propia diversidad, otras realidades. •

NOTAS

1 Martín Becerra y Guillermo Mastrini, Periodistas y Magnates, Prometeo, Buenos Aires, 2006.

2 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Artículo 13, "Libertad de pensamiento y expresión", 1969.

3 Aleida Calleja y Beatriz Solís, Con permiso. La radio comunitaria en México, FES, México, 2005.

4 www.televisa.com

5 "México. Modificaciones a Ley de Radio y TV": www.legislaciones.amarc.org

6 Aleida Calleja y Beatriz Solís, op. cit. "Operação da PF fecha 17 emissoras em São Paulo": www.agenciacartamaior.uol.com.br/templates/
materiaMostrar.cfm?materia_id=11883

7 "Operação da PF fecha 17 emissoras em São Paulo" en www.agenciacartamaior.uol.com.br/templates/
materiaMostrar.cfm?materia_id=11883

8 "Informe sobre situación Radios Comunitarias en Brasil", disponible en: www.amarc.org

9 "Rumos da reforma opõem empresariado e sociedade civil": www.cartamaior.uol.com.br/templates/
materiaMostrar.cfm?materia_id=12187

10 Pablo Stancanelli, "Voces múltiples por el derecho a la comunicación", y Miguel Julio Rodríguez Villafañe, "Absurda (e interesada) discriminación", Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, Buenos Aires, octubre de 2003.

11www.radiodifusiondata.com.ar/2006/
sep06/colectivos-farco.htm

12 Más de 127 millones de pesos durante 2005:

www.infocivica.org/index2.php

13 www.pyp-uba.com.ar/mensuarios/mayo_2005/
mayo_2005.htm

14 P. Stancanelli, "Una radiodifusión para la democracia", Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, octubre de 2004.

15 Página/12, Buenos Aires, 7-8-06.

16 Martín Becerra y Guillermo Mastrini, op. cit.

 

Esta nota fue publicada en Le Monde Diplomatique- Edición Cono Sur. Buenos Aires, diciembre de 2006.