CUANDO LA POLÍTICA ES MÁS IMPORTANTE QUE LOS DERECHOS

María Jacinta Lizarazo V.

Junio de 2008

Bogotá. Mayo 30 de 2008. Finalmente el Ministerio de Comunicaciones abrió la convocatoria para adjudicar licencias de radios comunitarias en las ciudades capitales incluyendo Bogotá. Sin embargo, queda un sabor agridulce al revisar los términos de la convocatoria en la cual se les pide a las organizaciones sociales que adjunten una "declaración juramentada de que ni la comunidad organizada, ni los miembros de la misma, prestan o han prestado el servicio de radiodifusión de manera clandestina".

En las diversas convocatorias abiertas por el Ministerio de Comunicaciones para adjudicar licencias de radios comunitarias desde 1994, es la primera vez que se exige esta declaración juramentada. Todo parece indicar que la cartera de Comunicaciones le pasa la cuenta de cobro a las organizaciones que instauraron en

Foto | Clemencia Rodríguez

el 2005, la Acción de Tutela exigiéndole a esta entidad el inicio del proceso.

Algunos integrantes de la bancada parlamentaria y del Concejo de Bogotá del Polo Democrático Alternativo, 3 congresistas del Partido Liberal y un concejal de Cambio Radical enviaron una carta a María del Rosario Guerra de la Espriella, Ministra de Comunicaciones señalando que "este requisito no tiene amparo legal pues no aparece dentro de las condiciones para ser titular de la concesión establecidas en el artículo 18 del Decreto 1981 de 2003, norma que regula el procedimiento de convocatoria para la prestación de este servicio. Y por otra, excluir de la convocatoria a organizaciones que han prestado el servicio sin contar con las licencias o autorizaciones administrativas pertinentes implica la creación de una especie de inhabilidad o, aun más, la imposición de una sanción no contemplada en la ley a grupos de ciudadanos que justamente, ante la reticencia del Gobierno Nacional a realizar esta convocatoria, han optado por esa vía de prestación del servicio. La imposición de este requisito se encuentra

en amplia contradicción con los postulados constitucionales según los cuales las causales de inhabilidad e incompatibilidad, así como los actos sancionatorios deben ser establecidos taxativamente en norma legal".

Continúan señalando que "como lo ha sostenido la Corte Constitucional, si bien es cierto que en Colombia el uso del espectro electromagnético requiere la obtención de una licencia otorgada por el Estado, tal requisito no puede constituirse en una forma de censura u obstáculo desproporcionado para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión e información. Las sanciones por el uso del espectro electromagnético sin licencia deben ser establecidas legalmente y deben ser impuestas por la autoridad competente en cada caso particular".

Finalmente, agregan que "no tiene sentido que se genere una presunción en contra de las organizaciones sociales, en virtud de la cual sea necesaria la exigencia de una declaración juramentada pues ello implica una vulneración del principio constitucional de la buena fe" y solicitan

que "el requisito en cuestión sea retirado de los pliegos de condiciones".

Durante más de 10 años, Mincomunicaciones se negó a abrir la licitación de radios comunitarias para las capitales, por ello organizaciones como la Asociación Red Colombiana de Radio Comunitaria (Recorra), la Asociación Distrital de Radio Comunitaria "Antena Ciudadana", la Corporación para la Promoción de la Comunicación y el Desarrollo Comunitario "Voceros Comunitarios", la Cooperativa Multiactiva de Trabajo Asociado "Punto Verde" (Coopunver), la Asociación de Dirigentes Comunitarios (Asodic), la Corporación Promotora Cívico Cultural "Zuro Riente"; la Asociación de Comunicadores Populares "Somos Red" (Acoposor) y la Corporación Derechos para La Paz (CDPAZ), interpusieron la Acción de Tutela.

En junio de 2006, la Corte Constitucional elevó a derecho fundamental "el fundar radios comunitarias", y le exigió al Ministerio que si no tenía razones de fondo para no abrir la convocatoria, debía hacerla. En noviembre de 2007, la convocatoria se abrió en tres etapas: primero las

ciudades pequeñas como Mitú, Puerto Carreño, Quibdo, Riohacha y Tunja. Luego fue para 15 ciudades intermedias como Armenia, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar y Villavicencio y finalmente en marzo de 2008, para las 4 capitales grandes: Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín.

AL FIN UNA CONQUISTA DESPUÉS DE UNA DÉCADA DE LUCHA

Por más de 10 años, las organizaciones de radio comunitaria estuvieron solicitándole al Ministerio de Comunicaciones, la apertura de la licitación para la adjudicación de radios comunitarias en las ciudades capitales. Fueron muchos los derechos de petición para los cuales siempre hubo las mismas respuestas: que no estaban los estudios técnicos y que este servicio era para municipios donde no había otro medio de comunicación.

Sin embargo, la Sentencia 460 de junio de 2006 de la Corte Constitucional, abrió una pequeña ventana para dar paso a la apertura del proceso. Hubo que

Foto | Voceros Comunitarios

esperar un año más pero al fin ese sueño de las organizaciones de radios comunitarias de Bogotá se hizo realidad.

La Corte señaló que "aunque el Ministerio ha dado respuesta a cada una de las peticiones que los distintos demandantes le han formulado, ninguna de ellas ha ofrecido una contestación de fondo a las preguntas que le han sido formuladas. Ciertamente, a la fecha, la entidad demandada no ha informado a los demandantes por qué no ha efectuado una convocatoria para la concesión del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en Bogotá -a pesar de que el servicio fue reglamentado hace más de 10 años-, ni cuándo ésta tendrá lugar".

Igualmente, le exigió a la Cartera de Comunicaciones dar "respuesta de fondo" a las peticiones de las organizaciones y en ésta "se deberá indicar las razones por la cuales, hasta el momento, no se ha realizado la convocatoria para la puesta en marcha de las emisoras comunitarias en Bogotá. Toda vez que las respuestas dadas hasta el momento no constituyen contestación de fondo, la

Sala precisa que las razones que se expongan no pueden ser réplica de las dadas hasta el momento. En la respuesta, además, se deberá informar si ya se adelantaron los estudios que el Ministerio afirmó en el año 2000 que estaba realizando y cuáles fueron sus resultados".

Las organizaciones de radio comunitaria de Bogotá, acompañadas de Planeta Paz, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia, la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP y defensores de la libertad de expresión como Omar Rincón, Cristián Valencia y Alfredo Molano, dieron su lucha.

Si bien la Corte Constitucional no le ordenó directamente al Ministerio que abriera la licitación para adjudicar licencias para radios comunitarias, el concepto emitido por ésta abrió el espacio para que el proceso se iniciara ante la evidencia de que las razones aducidas carecían de fundamento jurídico.

La Corte elevó a derecho fundamental el fundar radios comunitarias y además señaló la obligación del Estado de promover la prestación del servicio:

"En suma, la libertad de fundar medios

masivos de comunicación, especialmente cuando se concreta en la creación de emisoras comunitarias, es un derecho fundamental que potencia el desarrollo, la participación, el ejercicio del control político, el autogobierno, la creación de redes de solidaridad y la resolución pacífica de las controversias, entre otros aspectos, en las comunidades, particularmente en aquellas marginadas por sus condiciones geográficas, la pobreza, la falta de educación y la violencia".

BOGOTÁ, UNA HISTORIA SIMILAR EN TODO EL PAÍS

Durante los primeros años de la radio comunitaria en Bogotá, para los habitantes de algunas localidades era común despertar con la información que se transmitía a través de altoparlantes ubicados en los postes de luz. Así se enteraban de la problemática y acontecimientos de su barrio. Al igual que hubo espacio para la solidaridad cuando los vecinos de barrios aledaños eran víctimas de una inundación o de un deslizamiento.

El transporte público fue otro espacio aprovechado por las organizaciones para hacer radio. Los

programas eran grabados en casetes que eran distribuidos entre los conductores de las diferentes rutas de la capital y éstos los ponían en horas de la mañana o en la tarde de más flujo de pasajeros.

Las radiocicletas fueron otra de las modalidades de la radio comunitaria que por las calles de la localidad de Kennedy, se conoció. Como su nombre lo indica, eran bicicletas con altoparlantes para desplazarse por los barrios y así poder conversar con los habitantes directamente. Finalmente, a veces de manera continua, o de cuando en cuando, lograban enlazarse al dial.

En el distrito capital llegaron a funcionar más de 15 emisoras comunitarias. La gran mayoría de ellas desaparecieron porque su calidad de "ilegales" generó la persecución del Ministerio de Comunicaciones en algunos casos en operativos de esta Cartera, en los cuales sus equipos fueron decomisados.

Las emisoras comunitarias tanto en Bogotá como en las demás capitales son una oportunidad para que las comunidades organizadas accedan a un espacio propio, para darle lugar y voz a aquellos que

son invisibilizados, para fortalecer la diferencia y la tolerancia, para que voces nuevas y diversas accedan al dial y, desde allí, dar a conocer sus reivindicaciones y generar procesos culturales, participativos y organizativos.

"El derecho a la participación democrática, en tanto el ejercicio de la libertad de expresión, en general, y de fundar medios masivos de comunicación, en particular, hace posible el control del poder político y afianza, por esa vía, la democracia y el pluralismo", señala la sentencia.

POLÍTICA PÚBLICA PARA PROMOVER LA COMUNICACIÓN LOCAL Y COMUNITARIA

Sin lugar a dudas, Colombia con la apertura de las últimas licitaciones desde 2006 hasta el 2008 que buscan que el servicio de radios comunitarias llegue a todo el país y en las cuales se incluyen a las capitales, se convierte en uno de los países que lidera la comunicación comunitaria en el mundo.

Ante el aumento de la demanda del servicio de radio comunitaria de las comunidades en el país, se creó la necesidad de diseñar una política pública

para este sector que lo fortaleciera y reglamentara. Las inquietudes y propuestas se recogieron durante una década en diálogo con diversos sectores en las regiones quedando recopiladas en el documento "Radio y Pluralidad - Política de Radiodifusión Sonora Comunitaria" que contiene las líneas estratégicas, metas y herramientas para su implementación en el mediano y largo plazo.

El documento señala que "El Estado colombiano con esta política y bajo el liderazgo del Ministerio de Comunicaciones, se propone apoyar los procesos de participación, formación, programación, producción, gestión y organización entre otros, en un campo tan joven e inédito como es el de las Emisoras Comunitarias, buscando su consolidación efectiva y plena, mediante el apoyo a procesos que conduzcan a hacerlas cada vez más representativas de los intereses de los ciudadanos plurales de los municipios y localidades, en las cuales están insertas".

Con base en el diagnóstico realizado por la Cartera de Comunicaciones, la política pública de radio comunitaria tiene como fin fortalecer la

participación de las comunidades, dotarlas de las herramientas necesarias para su sostenibilidad social, política y económica. Igualmente, el crear los instrumentos adecuados para que las emisoras mediante estudios de audiencia identifiquen sus audiencias y así poder llegar con más efectividad.

Uno de las aspectos a resaltar del CONPES 3506 es la solicitud al Departamento Nacional de Planeación de promover la inclusión de las radios comunitarias en los planes de desarrollo territorial -municipal, departamental y nacional-. Sin lugar a dudas, el quitarle el "mote de Ilegales" con el que estuvieron rotuladas por más de una década genera el reconocimiento y la legalidad para acceder a recursos financieros necesarios para su sostenibilidad económica.

Aún está pendiente el proceso de enlace de toda esa política nacional con la política regional y local la cual puede articularse a través de los consejos locales de comunicación ciudadana y comunitaria que forman parte del Consejo Nacional de Medios de Comunicación Ciudadanos y Comunitarios

Foto | Camilo Andrés Tamayo- CINEP

del Ministerio de Cultura. Mincultura ha trabajado desde 1999 en este proceso.

Sólo falta esperar la evolución del proceso de la radio comunitaria en el país y que el reconocimiento por la institucionalidad no genere la cooptación de las comunidades sino que permita el fortalecimiento y el desarrollo del sentido de pertenencia hacia éstas.•

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